Informe de Evaluación de ILAC sobre el Estado de Derecho en Guatemala
[Summary in Spanish Below]
In this report, ILAC assesses the situation of the judiciary and the prosecution services, as well as their role in upholding the rule of law in Guatemala. ILAC finds that the broader commitments to social justice and the rule of law remain largely unfulfilled. Impunity, corruption, racism and violence still present a fundamental threat to stability and equitable development in the country. The justice sector as a whole struggles to cope with insufficient resources, gaps in capacity, external efforts to influence its work, and decreasing commitment to ensure the necessary independence to allow fulfillment of its constitutional duty to impart justice.
Thus, reforms to ensure access to justice and the independence of the court system are a matter of urgency. In parallel and independently of the need for broader structural reforms, justice operators must be respected and supported, so that they have the independence and capacity to play the outsized role that has been thrust upon them.
This report provides a clear notice to state authorities that, without an effective and independent system of justice, the rule of law and human rights cannot be secured.
--Spanish--
En este informe, la ILAC evalúa la situación del poder judicial y la fiscalía, así como su papel en la defensa del Estado de Derecho en Guatemala. El estudio revela que los compromisos más amplios con la justicia social y el estado de derecho siguen en gran medida incumplidos. La impunidad, la corrupción, el racismo y la violencia siguen siendo una amenaza fundamental para la estabilidad y el desarrollo equitativo en el país. El sector de la justicia lucha por hacer frente a los recursos insuficientes, las brechas en la capacidad, los esfuerzos externos para influir en su trabajo y la disminución del compromiso para garantizar la independencia necesaria para permitir el cumplimiento de su deber constitucional de impartir justicia.
Por lo tanto, las reformas para garantizar el acceso a la justicia y la independencia del sistema judicial son urgentes. En paralelo y con independencia de la necesidad de reformas estructurales más amplias, los operadores de justicia deben ser respetadas y apoyadas, para que tengan la independencia y capacidad para desempeñar el papel desproporcionado que ha sido el empuje sobre ellos.
Este informe proporciona un aviso claro a las autoridades estatales de que sin un sistema de justicia efectivo e independiente, el estado de derecho y los derechos humanos no pueden garantizarse.